* Las ZM de Guadalajara y Monterrey tienen precios de 5.50 y 6 pesos; 4.50 en la zona conurbada del Estado de México

México, D. F., a 8 de octubre de 2007
tudf/001/07

En marzo de este año los concesionarios del transporte público de la Ciudad de México entregamos al Jefe de Gobierno y al Secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal un análisis, diagnóstico y propuesta que respalda nuestra solicitud para ajustar el precio del servicio que prestamos, porque debido al aumento en el costo de los combustibles, los vehículos y sus refacciones y la falta del incremento tarifario desde 2005, hoy nos es imposible dar un servicio de primera calidad con una tarifa de tercera categoría, muy inferior a la que existe a nivel nacional y las principales zonas metropolitanas del país.

Hasta ahora el gobierno nos mantiene amarrados con una tarifa mínima de 2.50 y 3.50 pesos, cuando el valor del servicio en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal es de 5.60 pesos, de los cuales 3.60 pesos son subsidiados por los contribuyentes de la ciudad de México, haciendo creer a todos que 2.00 pesos es un precio justo para el transporte en la capital del país.

Saludamos las declaraciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal cuando habla de un incremento del 10 o 15 por ciento. Sin embargo, es importante mencionar que un ajuste porcentual de ese tamaño sólo nos permitiría saldar el aumento a los combustibles, pero no resolvería el rezago de tantos años.

En términos llanos, expresamos que para dar un servicio de primera, como lo queremos hacer en todos aspectos y nos lo exigen el gobierno y el público usuario (parque vehicular en buen estado, conductores capacitados para operar las unidades y atender a los usuarios, etc.), necesitamos contar con una tarifa de primera.

Como dijimos antes, los servidores del transporte público de pasajeros en el Distrito Federal somos concesionarios ya no de segunda, sino de tercera, comparados con los de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, quienes cuentan con tarifas de $ 5.50 y $ 6.00, respectivamente, o los transportistas de la zona conurbada con el Estado de México con un costo mínimo del viaje de 4.50 pesos.

Solidarios con los habitantes del Distrito Federal y nuestros usuarios del Estado de México, tampoco exigimos una compensación abrupta de tarifas a los niveles antes mencionados, pero sí un ajuste prudente y gradual que nos permita subsistir a los costos de operación de una industria de la cual se mantienen cerca de 200 mil trabajadores sólo en el transporte de ruta fija y una cantidad similar en el transporte individual o taxis.

Sin embargo, debemos recordar que a lo largo de estos meses la respuesta gubernamental fue la de crear mesas de negociación, sin lograr un avance claro a nuestra solicitud. Por el contrario, del Secretario de Transportes y Vialidad sólo hemos recibido amenazas en los medios de información.

No nos es ajeno el discurso gubernamental cuando utiliza como principal argumento para negar el ajuste de tarifas el de los accidentes. Tampoco es desconocido para los medios de información y habitantes del Distrito Federal que tales medidas son en perjuicio directo de los concesionarios del transporte e indirecto de los usuarios que sufren las consecuencias, mientras el único ganancioso de ellas es el Gobierno del Distrito Federal.

En tal sentido político han sido las últimas acciones del Secretario del Transporte y Vialidad, cuando cancela las concesiones a quienes han tenido accidentes. Una medida tal es arbitraria, una muestra de abuso de poder, hasta en tanto no haya una legislación al respecto.

Asimismo, condiciona “un eventual aumento de tarifas” a que los transportistas cumplamos con las nuevas disposiciones de tránsito. Es pertinente aclarar que los transportistas cumplimos cotidianamente con las disposiciones de tránsito porque, de otro modo, con los vehículos en los corralones o infraccionados, no estaríamos en condiciones de dar el servicio al 85 por ciento de la gente que se transporta en el Distrito Federal.

De igual forma, queremos hacer hincapié en que el Secretario dice desconocer que esté en análisis un plan para aumentar las tarifas. Sin embargo, la Ley de Transporte del Distrito Federal en su artículo 81 dice claramente: “Las tarifas deberán revisarse durante el tercer trimestre de cada año”, por tanto, estas se analizan anualmente.

Finalmente, es preciso decirle a la ciudadanía y reiterarle a los medios de información: No somos los malos de la película. Una gaviota no hace verano, como tampoco por casos aislados se nos va a juzgar a todos los transportistas, aunque a veces una mentira mil veces repetida se convierta en verdad.

Por el contrario, queremos dar un buen servicio, porque de nuestro trabajo diario surge el sustento para las familias de alrededor de 400 mil trabajadores del transporte público, pero a precios razonables.

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